Para ello, los mandatos de todos los niveles y ámbitos de gobierno deben ser claros, sin lagunas ni solapamientos y deben participar en la toma de decisiones en materia de inversión, y no solo los responsables de recaudar impuestos y otros gravámenes. También es esencial mejorar la eficacia de la gestión del desarrollo urbano mediante una mejor colaboración entre los distintos niveles y sectores de gobierno. Además, el éxito de los esfuerzos por descentralizar las responsabilidades hacia los niveles subnacionales depende en gran medida de los sistemas y tradiciones de gobernanza existentes, incluso si cuentan con el apoyo de la descentralización fiscal y la autoridad de endeudamiento su soberano.
La planificación urbana es crucial para preparar la expansión ordenada de las ciudades con el fin de orientar las inversiones, preparar las subdivisiones del terreno e instalar infraestructuras básicas previas a la construcción. El reacondicionamiento de las zonas construidas de manera improvisada es complejo y mucho más caro.
Responder al incremento de la población urbana parece dar lugar, o bien a un largo proceso de creación de capacidades para armonizar objetivos y colaborar eficazmente, o bien a una tendencia a abordar la urgencia mediante el desarrollo de infraestructuras sin tener en cuenta lo primero. Sin embargo, el desarrollo de infraestructuras no puede quedar aplazado mientras se ponen en marcha políticas e instituciones perfectas. Estos fines no tienen por qué excluirse mutuamente: la inversión en desarrollo urbano no tiene por qué retenerse hasta que existan instituciones plenamente capaces, ni los gobiernos tienen por qué recurrir a la planificación y construcción "no invasiva" de infraestructuras urbanas independientemente de las instituciones y las políticas.
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